USTEA ha comprobado que ninguno de las 2700 personas que formaron parte de los tribunales de oposiciones y las comisiones de baremación y selección del proceso selectivo de 2010, a fecha de hoy no han cobrado las dietas y que sólo al 37% se les ha pagado las indemnizaciones por razón de servicio que por ley le corresponde.
El 2 de octubre se celebraron en Sevilla la Jornada Programática para elaborar el programa marco de para las elecciones municipales. En estas se debatieron diversos temas de interés sobre los municipios andaluces, desde su endeudamiento, pasando por las políticas para salir de la crisis y las opciones que se abren para un desarrollo municipal desde la izquierda, en favor de las trabajadoras y trabajadores. Un intenso debate en el que intervinieron el Alcalde de Puerto Real (Barroso), el Coordinador General de IULV CA (Diego Valderas), Elena Cortés (responsable institucional), Rosalía Martín (responsable de áreas)...
En la imagen podemos ver el momento en el que interviene el Coordinador del Área de Educación, Juan Francisco Arenas de Soria, explicando algunos de los ejes fundamentales de las políticas de educación, cultura, deporte, servicios sociales... basando en la actuación pública desde la propia gestión pública, como elemento esencial que garantice la igualdad de la ciudadanía y el desarrollo de la equidad, desde los principios de la justicia social.
Rosalía Martín (Coor.Áreas), Pedro Vaquero (responsable Área de Economía y diputado autonómico) Elena Cortés (responsable institucional)
Miembros del Grupo Municipal de IULV CA de La Zubia, junto con militantes, componentes de las AMPA’s del pueblo y algunos profesores/as de centros de la localicad se reunieron con el coordinador del Área de Educación de IULV CA en la provincia de Granada, y responsable andaluz de la misma para intercambiar opiniones sobre la situación de la educación en La Zubia, buscando posibles salidas para conseguir el éxito escolar del alumnado a la vez que la mejora de la situación.
Centros saturados, importante número de alumnos/as que no consiguen la titulación de la ESO y/o Bachillerato, son algunas d elas principales preocupaciones.
Tras un interesante debate e intercambio de ideas se trazaron líneas de actuación en el ámbito educativo en La Zubia, buscando enlazar el desarrollo productivo de la localidad con la educación de los/as jóvenes.
El Informe Mundial sobre Educación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), refleja el éxito de las políticas revolucionarias en esta área, al punto de que actualmente se garantiza que alrededor de 12 millones de venezolanos se encuentren es las aulas de clase, informó este viernes el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Edgardo Ramírez.
Neus Caballer
Los recortes presupuestarios de la Generalitat se ceban en todos los ámbitos de la enseñanza no universitaria. El curso que inicia el 9 de septiembre en los colegios de Primaria y el 15 en los institutos abrirá sus puertas con menos profesores de apoyo en Primaria y de diversificación en Secundaria; habrá recortes de grupos en Formación Profesional y en las Escuelas Oficiales de Idiomas, y menos ayudas a los conservatorios de música. Los tres grandes sindicatos de la enseñanza pública, STEPV, CC OO y UGT estiman que el ajuste, solo en el capítulo de personal, supera los 50 millones de euros y dejará a entre 1.220 y 1.500 docentes sin plaza, en la autonomía con un mayor ritmo de crecimiento de fracaso escolar en la última década, que la sitúa con un 37% a la cola de España, sólo por delante de Baleares, Ceuta y Melilla.
A ellos, la crisis que amenaza la en-señanza escolar no les va a tocar; acaban de terminar el Bachiller. Se han librado por los pelos, pero tienen ante sí un reto probablemente más grande: se llama Plan Bolonia. Son algunos de los cien becados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander en el Aula Ortega y Gasset, gracias a un rasgo común que les diferencia de los demás: ninguno bajó del 9,8 en su expediente de Bachillerato.
CÉSAR FINCA SANTANDER 05/09/2010.- PÚBLICO
El compañero Antonio Ferrero maestro jubilado de Izquierda Unida y colaborador del Área de Educación de Granada, junto con otros amigos de Cantabria han estado este verano por la India haciendo senderismo y llevaron nuestros colores, los de la República, a lo más alto.
Muchas gracias compañeros/a
Pregunta y respuesta sobre absentismo escolar formulada por el diputado de IULV CA Ignacio García a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
El coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas, ha exigido hoy al Gobierno andaluz que "rectifique" y retire "de inmediato" la orden de Educación que recoge el plan de calidad y los incentivos al profesorado que menos suspenda, al afirmar que la sentencia del TSJA que lo anula supone "un varapalo".
Valderas ha expresado en rueda de prensa la "satisfacción" de su grupo por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anula el Plan de Calidad y los incentivos de 7.000 euros que recogía para los profesores que menos suspendieran, y ha reclamado a la Consejería "la retirada inmediata de la norma".
El líder andaluz de IU ha pedido al consejero de Educación, Francisco Alvarez de la Chica, que no mantenga su "obcecación" y desista de su intención de recurrirlo ante el Supremo, "porque ha sido un vaparalo, y los varapalos merecen una rectificación".
Además de defender que la ciudadanía está "necesitada de que en política se hagan las rectificaciones que sean necesarias cuando alguien comete un error o se equivoca", ha defendido que en este asunto Izquierda Unida ha sido "coherente", pues "nunca fue favorable a dar incentivos ligados a los rendimientos educativos".
Rafa es compañero de IU de Salobreña (Granada) y miembro del sindicato USTEA
El parlamentario de IU LV-CA, Ignacio García denunció que la Junta de Andalucía haya aprobado el Reglamento Orgánico de los Centros (ROC) con nocturnidad, aprovechando las vacaciones de verano y que en esta época prácticamente no hay nadie en los centros. El parlamentario considera igualmente que era necesario un mayor esfuerzo de diálogo por parte de la Junta.
“Analizando el reglamento pensamos que está afectado por los recortes educativos, en la medida en que se habla de autonomía de gestión pero no hay garantía de autonomía económica”, señaló García.
En la misma línea se opuso a que al recorte del número de departamentos y a que se trasladen a la dirección de los centros responsabilidades de horario y otras “que deberían ser colectivas”. Por todo ello Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación para que explique en el parlamento los contenidos y el proceso seguido en la aprobación de los ROC.
El parlamentario mostró su sorpresa ante el hecho de que el reglamento contemple la posibilidad del uso de uniformes en los centros públicos lo que “es un retroceso a tiempos socialmente superados”. En su opinión ello puede suponer un coste añadido a las familias de los niños y niñas y no al contrario, “pues además de la ropa normal van a tener que comprar un uniforme, con independencia de que un elemento fundamental del proceso educativo es la libertad y la sensatez en todas las actuaciones vitales, también en el vestir”.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la orden que regula el Programa de Calidad de la Consejería de Educación, que concede hasta 7.000 euros a los docentes para atajar el fracaso escolar. Según la sentencia, que no es firme, el cobro de primas no garantiza que se persigan los objetivos. La Junta anunció que recurrirá porque el plan está en proceso de revisión y los datos se harán públicos en enero de 2011.
La orden, puesta en marcha en febrero de 2008, fue recurrida entonces por el sindicato educativo Ustea, que consideraba que la orden responsabilizaba al profesorado del fracaso escolar. Además, el apoyo de la comunidad educativa al plan de incentivos siempre fue minoritario: solo el 48% de los colegios e institutos (1.662 centros) apoyó el proyecto. El fracaso fue especialmente acusado en los institutos (solo el 23% lo apoyó).
Según el TSJA, la orden contradice la Ley de Educación "al no vincular la consecución de los objetivos educativos con la percepción de los incentivos". La Junta subraya que el TSJA no cuestione el cobro de las retribuciones para mejorar resultados, una cuestión que está recogida en la misma ley. Si la sentencia se hace firme, "más de 22.000" docentes dejarán de cobrar las primas, según Comisiones Obreras, que está a favor del plan.
Estos incentivos oscilaban entre los 600 euros del primer año hasta los 3.600 del cuarto año, siempre que se demostrase la consecución de los objetivos. Para Ustea, esta orden "era un intento de chantaje y consolidaba la desigualdad entre el profesorado", señala en su web.
La controversia generada entre el mundo docente llevó en marzo a la entonces consejera de Educación, Mar Moreno, a anunciar una revisión del plan, que se inició en la primera quincena de mayo. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa examina desde entonces el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares y ayer se anunció que los resultados se conocerán en seis meses.
Si Ustea no reclama que la sentencia se ejecute de inmediato, Educación actualizará la orden que regulará la versión mejorada del plan. No obstante, la Junta recurrirá la decisión del TSJA amparándose en los informes anuales que los centros presentan, en los que se comprueba el grado de éxito en la consecución de objetivos educativos.
La sentencia refleja que el tribunal no ve claro el procedimiento por el que, a final de curso, el centro entrega el listado de profesores implicados en el programa cuya labor ha sido "positiva". El sindicato CC OO salió en defensa del plan y destacó que el objetivo es mejorar los resultados de los alumnos, y reducir el absentismo escolar.
EL PAIS. ELSA CABRIA - Sevilla - 21/07/2010
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un total de tres recursos presentados por los sindicatos CC.OO. y UGT contra el recorte salarial a los empleados públicos aprobado por el Gobierno socialista en el marco del decreto antidéficit. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las federaciones del área pública de CC.OO., mientras que el mismo tribunal también ha aceptado otros dos recursos presentados, en esta ocasión, por la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT).
La ESCUELA es una herramienta esencial en la formación de las personas, tanto para ejercer la ciudadanía como para desarrollar una actividad laboral. Ambas finalidades han de contribuir a las transformaciones sociales y productivas necesarias para avanzar hacia una organización social más igualitaria y un nuevo modelo económico social y ambientalmente sostenible, basado en el conocimiento.
Sin pinchas AQUÍ te puedes bajar el Doc completo.
Aunque la polémica sobre el “proceso de Bolonia” ha saltado a la luz este curso, hace años que la comunidad universitaria se está movilizando, en las aulas y en las calles, para frenar su aplicación. Esto ha sido provocado en gran medida por la ausencia de un debate participativo y en profundidad sobre las reformas universitarias en marcha, que condicionarán el futuro de la Universidad y tendrán importantes repercusiones sociales.
Hay que denunciar la escasa información que proporciona el Gobierno y su renuncia a organizar un amplio debate. Espero que el nuevo ministro de Educación y Universidades, Ángel Gabilondo, abra cuanto antes el diálogo con la comunidad universitaria y, especialmente, con los estudiantes.
Sin renunciar a cuanto pueda contribuir a la mejora de la docencia y la investigación universitarias, así como a la eliminación de las barreras clasistas para acceder y completar estos estudios, la situación actual nos lleva a reclamar que se detenga la implantación de nuevos planes de estudio hasta que una verdadera discusión pública entre todos los componentes de la Universidad permita esclarecer su sentido general y su contenido preciso, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
La puesta en marcha de titulaciones adaptadas a dicho Espacio se presenta como un requisito para facilitar la movilidad de los distintos sectores universitarios (estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios) y la de los futuros titulados, en el marco del libre mercado europeo. Pero el proceso se realiza sin dotación presupuestaria adecuada y en condiciones de recorte del gasto público. Eso supone una amenaza para la calidad de las titulaciones, una insuficiencia clara de becas y peores condiciones de los préstamos para financiar unos masters carísimos.
Esta precariedad financiera abrirá las puertas a la financiación privada del sistema público universitario, como se plantea explícitamente en la ‘Estrategia Universidad 2015’ , presentada a bombo y platillo por el anterior equipo ministerial como su gran apuesta para lograr la “modernización” de nuestras universidades en aras de una mayor competitividad de la economía. Eso pone en peligro la esencia de la institución universitaria, que ha de ser concebida como servicio público y no como un negocio más para banqueros y empresarios.
En IU creemos que ha llegado la hora de plantearse decididamente qué hacer frente a Bolonia. Proponemos que se tomen medidas como las siguientes:
Póngase en práctica lo que acordaron en Praga, en 2001, los mismísimos ministros de educación europeos al declarar que “los estudiantes deberían participar e influenciar en la organización y contenido de la educación en las universidades”. Sólo con la participación y un amplio debate entre estudiantes, profesorado y el conjunto de la sociedad, a través de sus representantes, podrá hacerse una reforma democrática de la Universidad. Y para hacerlo viable es imprescindible paralizar la reforma de los planes de estudio y suspender la fecha límite de 2010 como inicio de la extinción de los planes pre-Bolonia.
En segundo lugar, hágase realidad lo que también acordaron los ministros de educación en Bergen, en 2005, sobre la llamada ‘dimensión social del Proceso de Bolonia’, entendida como “la necesidad de establecer las condiciones para que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico”. Esto exige llegar al 2% del PIB para la financiación universitaria, luchar contra el fracaso escolar como un objetivo central, trabajar por la gratuidad de todos los estudios superiores y generalizar un sistema de becas-salario. A su vez, esto implica descartar la subida de tasas, impedir que los masters tengan elevados precios y rechazar los falsos préstamos-renta que hipotecan al estudiantado.
En tercer lugar, y para hacer efectiva "una educación superior centrada en los estudiantes", como promulgaron en Londres, en 2007, los susodichos ministros, póngase en marcha una auténtica renovación pedagógica que propicie un aprendizaje más activo, una relación más cercana estudiante-profesor, con grupos más pequeños y una docencia más tutorizada.
En cuarto lugar, hay que abandonar el objetivo de “incrementar la competitividad del sistema europeo de educación superior”, declarado en Bolonia, en 1999, dando pie a un proceso de mercantilización y privatización de la Universidad, no a su reforma democrática. Los servicios educativos no deben tratarse como una mercancía y la mejora de su calidad no pasa por la ‘competitividad’ entre las universidades de España, de Europa o del resto de mundo, sino por la cooperación entre ellas.
Ha sido un mérito del movimiento estudiantil forzar a diversos actores a pronunciarse en contra de la mercantilización de la Universidad Pública, alertando de mil maneras de la subordinación al mercado que está implícita en el objetivo de la ‘competitividad’.
Por último, la necesidad de una formación universitaria que también prepare para el ejercicio profesional no debe servir de excusa para supeditarla a las necesidades del mercado en nombre de la llamada ‘empleabilidad’, sino que debe orientarse a formar personas críticas y altamente cualificadas, con capacidad investigadora e innovadora, que contribuyan a la creación cultural y a un desarrollo social y ecológicamente sostenible.
Hay que dar un giro de 180 grados a la política universitaria de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, plasmada en su ‘Estrategia Universidad 2015’ , y trabajar de forma efectiva por una Universidad Pública de calidad, gratuita, democrática y al servicio de la sociedad.