Diversos medios se hacen eco de las querellas, nuevos expedientes sancionadores y recursos a los horarios. Más de 90 institutos públicos se niegan a aprobar su Programación General.
¿Hay que vestirse de pollo para poder dialogar con Aguirre? Sin avances en la negociación, tanto la Consejería de Educación y Empleo como los sindicatos, asambleas y plataformas de docentes han dado una vuelta de tuerca a la pelea por las instrucciones de inicio de curso con el cruce de denuncias y sanciones. Las hay de todos los tipos. Educación ha abierto expediente a cuatro docentes, dos de ellos directores, que se significaron en la Marea Verde en sus centros. Se enfrentan hasta a tres años de suspensión de empleo y sueldo por permitir actos contra los recortes en sus centros o enviar correos a responsables municipales explicando cómo les afectaban.
La Consejería suma esta acción a la denuncia que presentó la Comunidad de Madrid en la Agencia Tributaria contra tres asociaciones por la venta de las camisetas de la marea verde ”sin factura”. La prenda se ha convertido en un símbolo con el que docentes y familias reclaman escuela pública de todos para todos. La Comunidad solicita “la inhabilitación para pedir subvenciones públicas” a una asociación de padres, un colectivo docente y otro de vecinos, por “un delito de fraude fiscal”.
Pero el Gobierno regional no es el único que ha lanzado una ofensiva. CCOO se querellará hoy por prevaricación contra los directores de área territorial Madrid Oeste, José Macías Velázquez, y Madrid Norte, Enrique Ramos Jara, que han trasladado a docentes después de que denunciaran en los medios que impartían asignaturas afines para las que no están habilitados. Un millar de profesores, según las estimaciones de Educación, han rellenado además un recurso de alzada tipo impulsado por sindicatos y plataformas educativas en las que denuncian sus horarios. La educación pública madrileña entra en su undécima semana de conflicto, con una huelga en plena campaña electoral y decenas de actos reivindicativos a los que se suman las universidades públicas.
Al director del IES Maestro Matías Bravo (Valdemoro) le comunicaron la posible sanción el 3 de noviembre. Educación considera que ha incurrido en “abuso de autoridad en el ejercicio del cargo”. Colocó en la valla de su instituto un escrito “a la opinión pública” con su firma, según el pliego de cargos que le envió la Consejería, en el que explicaba las consecuencias de las “instrucciones y recortes”. “Creemos que la tijera aplicada a la educación pública ha sido desmesurada y desproporcionada”, según el docente. Educación recurre para sancionar al código de conducta del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece los “principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad” de los funcionarios y su “lealtad y buena fe” con la Administración. También tiene expediente por la “autorización tácita” que hizo para colocar en el patio de su centro una composición “formada por 10 inodoros” con caballetes y “rollos de papel” con carteles en los que se denunciaban los efectos de las instrucciones. Un portavoz de la Consejería añade que el director “arrancó y colocó” esos inodoros, aspecto que no aparece recogido en el pliego de cargos.
El responsable de un instituto de Velilla de San Antonio, que convocó un claustro para rechazar las instrucciones, está expedientado por celebrar esa reunión “en horario lectivo impidiendo durante dos días las clases de los alumnos”, según el citado portavoz. Al director del IES Grande Covián (Arganda del Rey) se le apercibió “por falta leve” por “descuido o negligencia” tras convocar una reunión extraordinaria sobre el apoyo a las movilizaciones con una Noche en Verde. El inspector educativo que firma el expediente señala que se convocó el Consejo Escolar fuera de “tiempo y forma” y sin atender al procedimiento. El director usó el correo electrónico “sin firma digital” y sin que quede “claro que obedezca a un motivo de urgente necesidad”. La denominación de Noche en Verde, según el escrito, “manifiesta la voluntad explícita de sumarse a los actos de protesta” con “instalaciones y recursos” de la Consejería. Por último, un profesor de un instituto de Morata de Tajuña (el IES Anselmo Lorenzo) se enfrenta a un expediente “por la utilización y remisión a través de medios públicos de comunicados con contenido político”, según el portavoz de la Consejería. Envió desde su correo electrónico “información acerca de los recortes y sus consecuencias en la enseñanza pública”, según el acta de comparecencia del profesor ante la Dirección de Área Territorial Este. El docente negó que hubiera elaborado y mandado esos documentos a la edil de Educación del municipio, del PP. La abogada de CCOO Carmen Perona ha asumido tres de los cuatro casos. “Nunca había gestionado expedientes contra directores antes de este conflicto”, asegura.
Cerca de un millar de profesores de los 21.400 docentes de secundaria, según cifras de Educación, han presentado recursos de alzada individuales contra los horarios lectivos, siguiendo modelos tipo elaborados por sindicatos y plataformas. Se basan en que sus horas de clase no se ajustan a la normativa vigente porque se amplían a 20 semanales en todos los casos y no como excepción. Una orden ministerial de 1994 establece que los profesores impartirán 18 periodos lectivos semanales, “pudiendo llegar excepcionalmente a 21 cuando la distribución horaria del departamento lo exija”. También piden que se anulen las instrucciones de inicio de curso y que se les abonen las horas “por encima de la jornada legalmente establecida”. Educación, que tiene tres meses para responder antes de que acudan a los tribunales, asegura que estos recursos no tendrán efectos en el día a día de las clases y cree que persiguen disminuir las horas complementarias de los docentes “en las que hacen guardias, se atienden bibliotecas o a las familias”.
