IULV-CA exige a la Junta una inmediata respuesta a las necesidades escolares

 

García critica que la educación especial depende en exceso de la iniciativa privada

ante la falta de interés de la Consejería de Educación.

SEVILLA. El parlamentario de IULV-CA,

Ignacio García, ha mostrado el apoyo de su grupo parlamentario a las denuncias realizadas por las federaciones educativas Confapa y Feaps relativas a la discriminación que padecen los alumnos de educación especial. Así, exige a la consejera de Educación una respuesta inmediata que acabe con los incumplimientos del Plan de Familia en la mayoría de los centros de educación especial, concretamente en los concertados, ante la falta de interés de la consejería por crear más centros públicos.

"Estas denuncias demuestran la necesidad de que el sistema educativo andaluz descanse en centros públicos, promovidos por la Administración, que es la única capaz de garantizar realmente una enseñanza de calidad asequible para todos los ciudadanos y sin discriminaciones", expone. Andalucía cuenta actualmente con 60 centros de educación especial, 17 de ellos son públicos y el resto, 43, son concertados. García cree que la Junta se está apoyando en exceso en los centros privados-concertados en una atención sumamente delicada, como es la dirigida a menores con discapacidad, "más si cabe cuando está quedando demostrado que estos centros privados no están interesados en ofrecer todos los servicios que debieran porque estos suponen una carga extra en su actividad".

Además, muestra su preocupación porque esta apuesta por lo privado en la atención a la educación especial se esté extendiendo a otros niveles, como es la enseñanza infantil. García avisa de que el crecimiento o universalización de la educación infantil se está realizando fundamentalmente mediante conciertos con centros privados-concertados "por lo ponemos volver a encontrarnos con una situación semejante, en la que no se garantice un servicio universal, igualitario y de calidad".

    Por todo esto, el diputado de la coalición de izquierdas considera fundamental, para definir la posición final de su grupo ante la Ley de Educación de Andalucía (LEA), que se especifique el carácter público del sistema educativo y que los centros públicos sean realmente potenciados en la aplicación de la Ley.