Izquierda Unida defenderá hoy una proposición no de Ley en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a realizar de oficio una inspección a los centros educativos privados concertados de la comunidad para comprobar "si se incumple la normativa, cobrando, de forma directa o indirecta, a los padres determinadas cantidades económicas por cursar sus hijos estudios en el centro, con el fin de iniciar los correspondientes expedientes sancionadores a los centros donde se detecte el incumplimiento".
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA también pide a la Administración autonómica que, de cara al próximo curso escolar, lleve a cabo "una campaña informativa que asegure que los padres y madres del alumnado que acude a centros privados concertados conocen plenamente sus derechos".
La federación de izquierdas también defiende que el Gobierno andaluz emprenda las actuaciones necesarias para conseguir "el adecuado equilibrio en el reparto entre centros públicos y privados concertados de los alumnos que pudieran presentar algún tipo de dificultad en su proceso de aprendizaje e integración en el centro por razones diversas, como inmigración, situación familiar inadecuada, pertenencia a colectivos de riesgo o discapacidad".
De igual manera, IU aboga por que la Junta considere la red educativa pública como "la fundamental en la planificación del sistema educativo andaluz y la base de su crecimiento y desarrollo, reservando estrictamente la red privada concertada como complementaria para aquellos ámbitos a los que no alcance la red educativa pública".
Según IULV-CA, "recientemente se ha hecho público que diversos centros educativos privados concertados de Andalucía cobran a los padres y madres del alumnado del centro diversas cantidades con carácter mensual o anual", cantidades que se suelen "camuflar como donaciones voluntarias", pagos a la asociación de padres y madres y participación en determinadas actividades extraescolares, cuando, "realmente, resultan obligatorias si se quiere mantener la presencia del alumno en el centro".
"Esta práctica, que resulta absolutamente ilegal aunque algunos gestores de centros privados la intenten justificar con una supuesta insuficiencia financiera de los conciertos, supone de hecho una selección del alumnado por la vía económica que, a su vez, se traduce en una discriminación a la enseñanza pública al romper el necesario de equilibrio en el reparto de los distintos tipos de alumnado", concluye Izquierda Unida. |
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