ÁREA DE EDUCACIÓN IZQUIERDA UNIDA LV CONVOCATORIA POR ANDALUCIA

      El sindicato de enseñanza Ustea ha denunciado con un encierro en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía  en Granada que la administración educativa no soluciona el problema de las bajas de profesorado que ocurren en las centros educativos. Por ejemplo, ni los permisos por boda (15 días) ni los de paternidad (4 semanas) que son solicitados con suficiente antelación, son sustituidos. Según dicho sindicato, siguen en la provincia de Granada al menos 250 bajas sin cubrir, pues aunque se cubren algunas bajas, surgen nuevas que al no cubrirse hacen que la cifra de 250 permanezca inalterable. Esto sigue demostrando que prácticamente en la mitad de los centros de la provincia hay algún docente de baja cuyo puesto no ha sido ocupado por profesorado sustituto, y la Delegación sigue sin dar una cifra alternativa. Esta situación redunda en una desatención al alumnado y en una sobrecarga de trabajo para los docentes del centro mientras las listas de profesorado dispuesto a trabajar haciendo sustituciones permanecen prácticamente inmóviles.

      Aunque el gobierno de la Junta de Andalucía lo niega, la razón de esta situación es la falta de presupuesto, pese a las declaraciones del Presidente de la Junta de Andalucía y la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía manteniendo que la prioridad de su gobierno es la educación.

1º- ¿Cuántos puestos de trabajo en las plantillas de los centros de educación infantil, primaria y secundaria de la provincia de Granada quedan sin cubrir?

2º.- ¿Cuántas bajas del profesorado por enfermedad o con permiso legal se han producido durante los cursos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 hasta la fecha, con expresión de cuántas se han quedado sin cubrir, o de  cómo se ha cubierto de forma provisional?

3º.- ¿Qué previsiones de ampliación de oferta de empleo público ha realizado el Presupuesto de la Junta de Andalucía para su ejecución por la Consejería de Educación durante el curso 2009-2010, con el fin de terminar con el déficit de personal?

4º.- ¿Cuántos profesores de los cupos 13 y 14, esto es, de los que se ocupan de tareas de apoyo educativo en los centros de infantil y primaria refuerzan o han reforzado el aprendizaje del alumnado con necesidades específicas en los centros de la provincia de Granada durante los cursos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010, con expresión de cuántos de ellos se han dedicado además a realizar sustituciones?

El coordinador federal de IU analiza con estas asociaciones la propuesta de Pacto Educativo hecha por el Ejecutivo y defiende que “sus representantes sean interlocutores principales y no meros comparsas de un acuerdo con el PP y la Iglesia”

       Por una universidad democrática aborda la historia y el presente de la Universidad prestando especial atención a los movimientos críticos y alternativos que han actuado en ella durante los últimos cuarenta y cinco años. El libro analiza sucesivamente: la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) en 1966; la evolución posterior de los sindicatos democráticos de estudiantes en España; la rebelión estudiantil del 68 en Europa y América, lo que fue el mayo del 68 en Francia y su impacto en las universidades españolas; la historia del movimiento de profesores no-numerarios en la década de los setenta; los proyectos oficiales y extraoficiales de reforma de la Universidad en las décadas siguientes (LRU, Informe Bricall y LOU); establece, por último, las luces y sombras de la situación universitaria actual a propósito del Proceso de Bolonia.

Fernández Buey fue uno de los fundadores del SDEUB en 1966 y miembro destacado de la Coordinadora Estatal del movimiento de profesores no-numerarios a mediados de los setenta. Después de la muerte de Franco, contribuyó a la creación de las Comisiones Obreras de la Enseñanza. Ha sido profesor en las Facultades de Filosofía y de Económicas de la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid y en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, vicedecano durante algunos años en las dos últimas y miembro, en la década de los noventa, del Consejo de Coordinación Universitaria, a propuesta de Izquierda Unida. En la actualidad es catedrático de filosofía política en la UPF, donde coordina, además, un Centro para el Estudio de los Movimientos Sociales (CEMS).

En los once ensayos que componen Por una universidad democrática, Fernández Buey ha juntado su experiencia universitaria, sus recuerdos personales y su vocación de historiador de las ideas para trazar una amplísima panorámica, crítica y analítica, de lo que ha sido y de lo que es la Universidad, de lo que ha cambiado y de lo que sigue sin cambiar a pesar de las múltiples reformas.

                                               SUMARIO

1. Memoria personal de la fundación del SDEUB (1965-1966)

2. La insólita experiencia de un sindicato democrático estudiantil bajo el fascismo (1965-1968).

3. 1968: antes y después.

4. Situacionistas y mayo francés del Sesentayocho

5. Sobre el Sesentayocho en España.

6. Estudiantes y profesores universitarios contra Franco.

7. Para la historia del movimiento de los Profesores No-Numerarios de Universidad (1972-1984).

8. Sobre la universidad, desde Ortega y Sacristán.

9. La universidad veinte años después: mercantilización y corporativismo.

10. La universidad entre la LRU y la LOU (1984-2001).

11. Bolonia como pretexto y como oportunidad.

SOBRE EL SINDICATO DEMOCRÁTICO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (SDEUB)

Lo  más destacable de la insólita experiencia del SDEUB fue construir una organización sentida como propia por la gran mayoría de los estudiantes bajo una dictadura que reprimía duramente todo tipo de disidencia. Y, desde luego, que aquella organización se mantuviera, a pesar de la represión, durante casi dos años. El éxito más importante del SDEUB fue lograr reunir a quinientos delegados estudiantiles, que representaban a muchos más estudiantes, en su asamblea constituyente el 9 de marzo de 1966. Hay muy pocos precedentes de tal cosa en movimientos sociales que hayan actuado bajo un régimen dictatorial. Eso exigía mucha capacidad de organización, mucho apoyo externo y bastante tacto en el trato entre las diversas corrientes y posiciones. Y esto último vale para cualquier movimiento social amplio que se precie, independientemente del contexto. Por eso el SDEUB dejó huella, no sólo en Cataluña. Y por eso aquella experiencia se ha puesto como ejemplo muchas veces en los movimientos estudiantiles posteriores.

SOBRE EL SIGNIFICADO DE MAYO DE 1968

Se ha discutido mucho sobre el significado del mayo francés y se sigue discutiendo. Como por lo general la historia la hacen los vencedores, se suele llamar rebeldía a las revoluciones derrotadas y revolución a las rebeldías triunfantes. En Francia, el movimiento de mayo de 1968 empezó siendo, efectivamente, expresión de la rebeldía juvenil, sobre todo universitaria, pero en el transcurso de los acontecimientos acabó convirtiéndose en un movimiento inequívocamente revolucionario. No hay que olvidar que el momento crítico se produjo cuando los estudiantes enlazaron con los obreros, cuando a la ocupación de las universidades se unió la ocupación de las fábricas y a éstas las grandes manifestaciones conjuntas en París. Eso fue un gran susto para los distintos sectores de las clases dirigentes. Y lo fue también para el PCF y para los sectores sindicales que se habían acostumbrado ya a usar de manera ritual la palabra revolución como flatus vocis. Climax hubo. Lo que ocurrió es que la burguesía y sus aliados, con el apoyo de la policía y del ejército, fueron más fuertes que las fuerzas entonces partidarias de un cambio radical. Y por eso, y porque las capas medias de la población no se recuperaron del susto, el movimiento de mayo del Sesentayocho fue derrotado.

Si por altermundismo se entiende un movimiento inequívocamente anticapitalista, no hay duda de que el movimiento de mayo del Sesentayocho lo fue; fue un antecedente de lo que luego se llamaría altermundismo. Desde el punto de vista socio-cultural no sólo las ideas del mayo francés sino también las de los estudiantes críticos alemanes y norteamericanos sirvieron para abrir muchos ojos y para hacer cambiar prácticas y costumbres ñoñas y conservadoras.

SOBRE EL MOVIMIENTO DE PROFESORES NO-NUMERARIOS

Se puede decir que el objetivo central del movimiento de penenes era de carácter sindical, pero al hacer historia de esos años no hay que olvidar que, junto a eso, estaba siempre la reivindicación político-social de una universidad democrática en una sociedad democrática. Y cuando hablábamos de democracia entonces pensábamos casi siempre en una democracia material. Así que hasta 1977 al menos, el movimiento de profesores no-numerarios tenía que ser, por necesidad, radicalmente antifranquista. La reivindicación del contrato laboral estaba en primer plano. Pero, además, bastantes profesores pensábamos en 1974-1975 que era posible enlazar nuestra huelga con una huelga general en la enseñanza y con las huelgas obreras en curso, de manera que todo eso junto significara el impulso definitivo para acabar con la dictadura.

SOBRE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD

En los análisis de Ortega y de Sacristán está lo esencial para conocer las funciones de la universidad. La lectura de esos análisis es aún estimulante en un momento, como el actual, en el que apenas se presta atención a esa función de la universidad que es la del formar para el mandar o para crear hegemonía. Replantear la necesidad del análisis de la función social de la universidad es clave, me parece, en esta fase en la cual la privatización indirecta de la universidad pública, la aceleración del proceso de mercantilización y la implantación de las universidades privadas, con el consentimiento de los poderes políticos, están contribuyendo de una manera decisiva al desplazamiento de la sede (o sedes) de creación de hegemonía

SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS UNIVERSITARIOS A LA UNIVERSIDAD ACTUAL

Si hay una cosa que me interesa resaltar de este libro sobre la universidad es precisamente que el progreso en ella se ha debido a las luchas (primero de resistencia y luego con propuestas alternativas claras) de los movimientos universitarios. Sin ellas no habrían caído parcialmente las barreras clasistas que impedían a los hijos de los trabajadores llegar a la universidad. Sin ellas no habríamos tenido claustros con una representación notable de los estudiantes y del personal de administración y servicios. Sin ellas no habría mejorado sustancialmente la investigación, como ha mejorado. Sin ellas no habría cambiado el tipo de relación entre profesores y estudiantes, como ha cambiado. Sin ellas no habría habido la autonomía universitaria que hay. Sin ellas no se habría dignificado, al menos parcialmente, la función docente. Y sin ellas habríamos tenido menos medios y menor financiación de la que hoy tenemos.  Lo diré de otra manera: se ha progresado en el sentido de crear las condiciones de posibilidad para una universidad pública democrática propiamente dicha. Lo que falta es hacer realidad plena esas condiciones de posibilidad. Como decía la broma de la Monty Python en El sentido de la vida: "Nosotros, a diferencia de los otros, podríamos blá, blá, blá. Y, sí, el único problema es: ¿pero de verdad lo hacemos?..."

SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

El título de este libro, Por una universidad democrática, es un pequeño homenaje a los estudiantes del SDEUB: así se titulaba el Manifiesto, escrito por Manuel Sacristán y  aprobado por aclamación en la asamblea constituyente de 1966. Pero además quiero recoger con él una preocupación varias veces manifestada por los estudiantes críticos de ahora, quienes, a la vista de lo ocurrido durante el último curso, se preguntan si realmente la universidad que tenemos es democrática. Para que se pueda hablar con propiedad de universidad democrática hay que seguir fomentando y potenciando la participación de todos los colectivos que componen la comunidad universitaria, no limitarla; hay que garantizar que los acuerdos aprobados por mayoría en los claustros se respetan; hay que garantizar la meritocracia en el acceso de los estudiantes y en la selección del profesorado; hay que escuchar y dar cauce a las opiniones disidentes de estudiantes, profesores y personal de la administración, aunque estas opiniones sean minoritarias o precisamente por ello; hay que potenciar la igualdad de género y, en consecuencia, tomar medidas para que la igualdad sea una realidad; hay que distinguir bien entre gestión y gobierno de la universidad y acabar con las tendencias al ordeno y mando en la gobernación; y hay que mejorar las relaciones entre profesores y estudiantes dentro y fuera de las aulas,  tratando a éstos como personas adultas que, como tales, tienen mucho que decir sobre la mayoría de las medidas que configuran las políticas universitarias.

[Fernández Buey entrevistado por López Arnal a propósito de la publicación de Por una universidad democrática]

El sindicato de enseñanza USTEA vuelve a denunciar con un ENCIERRO en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía  que la administración educativa no soluciona el problema de las bajas de profesorado que ocurren en las centros educativos. Esta situación que la administración no admite es voz populi en toda la comunidad educativa.

Los estudios de USTEA  demuestran que siguen en la provincia de Granada al menos 250 bajas sin cubrir, es verdad que se cubren algunas bajas pero surgen nuevas que al no cubrirse hacen que la cifra de 250 permanezca inalterable. Esto sigue demostrando que prácticamente en la mitad de los centros de la provincia hay algún docente de baja cuyo puesto no ha sido ocupado por profesorado sustituto, y la Delegación sigue sin dar una cifra alternativa.

Los motivos que según USTEA sostienen esta situación, aunque la administración la niega, son económicos, la falta de presupuesto, cuestión que contrasta  con las declaraciones del Presidente y Consejera de Educación de la Junta de Andalucía manteniendo que la prioridad de su gobierno es la educación.

Se da el caso que ni los permisos por boda -15 días- ni los de paternidad -4 semanas- que son solicitados con suficiente antelación son sustituidos.

Esta situación redunda en una desatención al alumnado y en una sobrecarga de trabajo para los docentes del centro mientras las listas de profesorado dispuesto a trabajar haciendo sustituciones permanecen prácticamente inmóviles.

Esta situación se une al déficit de profesorado que sufre el sistema educativo andaluz, que USTEA calcula en 19000 profesionales ya que el número de alumnado por aula es superior a la media de España en 2,6 en infantil, primaria y ciclos formativos y 4,6 en bachillerato

USTEA exige a la administración educativa:

1º- Que la relación de huecos en las plantillas de los centros sea pública.

2.- Que se sustituya al profesorado enfermo o con permiso legal en el plazo máximo de tres días, se dote de suficientes medios económicos al sistema educativo.

3.-Que se realice una amplia oferta de empleo público que termine con el déficit de personal y dé trabajo a los miles de aspirantes a la carrera docente.

Por otro lado USTEA exige que el profesorado con tareas de apoyo educativo en los centros de infantil y primaria – los llamados cupos 13 y 14- se dedique exclusivamente a reforzar el aprendizaje del alumnado con necesidades educativas específicas, y no a realizar sustituciones, pues entonces estamos desvistiendo un santo para vestir a otro.

Los encerrados fueron instados por las fuerzas de seguridad a salir del edificio, cosa a la que accedieron. Durante el encierro fueron recibidos por la Delegada y por el Jefe de Personal a los que trasladaron sus reivindicaciones.

USTEA seguirá denunciando todos los martes ante la Delegación  de Educación las bajas sin cubrir de los centros hasta que  éstas sean cubiertas y los apoyos se destinen  al refuerzo en el aprendizaje.

Granada 10 de noviembre de 2009

Joaquín Vega Padial Responsable Acción sindical USTEA

         La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) quiere mostrar su inquietud ante las declaraciones del Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en su reciente visita a Valladolid, según las cuales ve “razonable” la postura de la Junta de Castilla y León al defender la competencia de los Consejos Escolares respecto a la existencia de símbolos religiosos en los centros escolares públicos.
        La discusión sobre dicha competencia es algo ya superado, toda vez que la propia Constitución dejó zanjado el tema al establecer como principio la neutralidad del Estado. Por ello la decisión acerca de si se puede admitir la presencia o no de crucifijos presidiendo la actividad en las aulas de los centros públicos está ya tomada, al recoger el artículo 16 de la Constitución que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
        Por tanto no nos encontramos ante una decisión que tengan que tomar los consejos escolares. Pero tampoco las consejerías de Educación de las comunidades autónomas, ni tan siquiera el Ministerio de Educación, porque ya la tomó la Constitución, estableciendo con ello que cada ciudadano es titular del derecho fundamental a la libertad de conciencia, derecho que ha de ser respetado obligatoriamente tanto por los poderes públicos como por los demás ciudadanos (todos ellos están sujetos a la Constitución, según el propio artículo 9 de la misma).
Si el Ministro no lo conoce, puede leer la Constitución. Si el Ministro no lo conoce, ACEL puede poner a su disposición las sentencias y autos del Tribunal Constitucional que afirman el deber de neutralidad del Estado principalmente en los centros educativos públicos. Si el Ministro no lo conoce, ACEL le puede proporcionar las sentencias del Tribunal Supremo que establecen que los consejos escolares de los centros educativos públicos deber ser laicos, al margen de las creencias particulares de sus componentes.
             Pero si el Ministro lo conoce, ¿por qué se suma a los que ponen trabas a los derechos fundamentales de las personas?, ¿por qué se suma a quienes por activa y por pasiva intentan vulnerar dichos derechos?
A ACEL le cuesta creer que el Sr. Ministro desconozca que lo que han dicho los tribunales es que se trata de una cuestión que vulnera derechos fundamentales de las personas. Lo dijo un juzgado de Valladolid, y ahora lo ha repetido nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), coincidiendo ambos en que se vulneran derechos como la libertad de conciencia, la libertad de elección, o el principio de igualdad entre las personas. Estos órganos judiciales no están dirimiendo de quién es la competencia, están estableciendo claramente que se trata de actuaciones ilícitas, las decida quien las decida. Y jamás un consejo escolar puede tomar decisiones que vulneren derechos fundamentales de las personas.

      ¿Quién puede tener competencia para perpetrar una vulneración de derechos fundamentales? Nadie, sr. Ministro; nadie. Por el contrario, ACEL considera que es obligación del Gobierno defender a sus ciudadanos cuando alguien vulnere sus derechos fundamentales, y no dejarlos desamparados para que sean ellos los que tengan que hacer frente en procesos costosísimos en todos los sentidos. ¿Para qué está si no el Gobierno, si es incapaz de tomar la iniciativa y promover leyes que resuelvan estas situaciones?

           El pasado mes de Agosto el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, indicó que la futura Ley de Libertad Religiosa (debería llamarse de Libertad de Conciencia) establecería la obligación de retirar los símbolos religiosos de los centros educativos públicos. Ahora el TEDH con su clara y lógica sentencia le tiende una cuerda al Gobierno por si necesitaba asirse ante las presiones que pudiera tener de los sectores más integristas de la sociedad, y sin embargo parece caminar en sentido contrario.
          Entonces, ¿lo del Ministro de Justicia en Agosto no fue más que un globo sonda veraniego para comprobar reacciones?, ¿Cómo se entiende que tras la sentencia del TEDH el Gobierno diga que “la tendrá en cuenta en la elaboración de la futura ley de Libertad Religiosa” y ahora venga el Ministro de Educación diciendo que ve razonable que un consejo escolar pueda tener el poder de decisión para vulnerar los derechos que el TEDH asegura que se vulneran?
Sr. Ministro, ¿qué competencias tienen los consejos escolares de los centros públicos en materia de símbolos? ¿Pueden poner la bandera republicana en lugar de la rojigualda? ¿Pueden poner la bandera francesa, o canadiense, o cualquier otra?, ¿pueden colocar presidiendo la actividad educativa una media luna? ¿Pueden colocar encima de la pizarra una cruz gamada, o la hoz y el martillo? Contéstenos, por favor, porque si la respuesta es afirmativa, le aseguramos que vamos a tener decisiones muy curiosas en más de un centro educativo público. Pero si la respuesta es negativa, ¿porqué sí puede haber símbolos religiosos de una confesión determinada?, ¿se respeta así la neutralidad del Estado, obligada por la Constitución?
        No nos engañemos. La presencia de crucifijos presidiendo las aulas de los públicos es una medida que proviene de la época franquista. Y si entra dentro de la lógica que lo defiendan quienes añoran aquella época, ¿cómo se entiende que el Gobierno no tome cartas en el asunto y que algunos de sus ministros vea razonable que la situación pueda continuar?
       Si atendemos a las declaraciones de su partido y de su Gobierno, podemos leer titulares como “La futura Ley de Libertad Religiosa eliminará los crucifijos de los colegios públicos” “El Gobierno tendrá en cuenta la sentencia del TEDH”…, junto con otras como “El gobierno deja en manos de los padres y de los tribunales la iniciativa en el conflicto por los crucifijos en los centros públicos”, o “Es razonable la autonomía de los centros sobre crucifijos”.
El debido respeto a los ciudadanos exigiría que aclaren de una vez su postura.
      ¿Qué quiere decir, sr. Gabilondo, cuando declara que “espero que la ley traiga un ámbito abierto y plural de convivencia para sentar principios y convicciones antes de tomar cualquier posición”? ¿Establecer mecanismos de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos depende de circunstancias de “conveniencia política”? ¿Tanta fuerza tienen determinados sectores integristas como para que todo un gobierno ceda a las presiones de la Conferencia Episcopal?
Las propias asociaciones de jueces del Estado español, tanto las de carácter progresista como las de carácter conservador, han asegurado que tras la sentencia del TEDH los jueces deben adecuar sus resoluciones a la misma, y que de no hacerlo deberían justificar mucho las razones por las que hipotéticamente se apartan de la misma. Y sin embargo es el propio Gobierno el que parece apartarse, en una postura de calculada ambigüedad, de los contenidos de la sentencia del TEDH.
        ¿A quién quiere el Gobierno acercarse más, o parecerse: a personajes de la talla política y moral de Silvio Berlusconi, a los sectores integristas que desean que no desaparezca una situación heredada del franquismo, o por el contrario a las miles de voces que le están reclamando que promueva de una vez una normativa clara que apuntale la separación Iglesia-Estado y garantice la obligada neutralidad del Estado en cuanto a las convicciones de los ciudadanos y la igualdad de los mismos con independencia de dichas convicciones? Por un mínimo de respeto a los ciudadanos, el Gobierno debería dejar clara su postura, para que cada uno sepa a qué atenerse.
       Por último, sr. Ministro de Educación, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos en el respeto a los Derechos Humanos si se permite la continuidad de una situación que los vulnera? No lo decimos nosotros, lo dijo un juez de Valladolid con una argumentación jurídicamente intachable, y lo ha vuelto a decir ni más ni menos que Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Europa Laica, muestra su total disconformidad por las declaraciones del Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en las que ha expresado en Valladolid como “razonable” que sean los propios centros escolares “los que resuelvan sobre la permanencia o no de los símbolos ideológicos y religiosos”. Mostrando, con estas presuntas declaraciones, una total falta de sensibilidad hacia la Constitución española y hacia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia. También un cierto desprecio hacia sentencias y autos de la jurisdicción ordinaria española, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y hacia la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reafirman el deber de neutralidad del Estado en materia ideológica y religiosa, principalmente en lo que afecta a los centros educativos, para preservar los derechos de los escolares.  Nos sumamos y nos hacemos eco de la nota de prensa y argumentaciones que la “Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid” han expresado en el día de hoy y que reproducimos a continuación. No nos parece que declaraciones de este tipo vayan a contribuir positivamente al sosegado y neutral diálogo social y político que el Ministro ha expresado de cara a un posible y denominado “Pacto por la Educación”.

IZQUIERDA UNIDA: TU VOZ EN EUROPA

ACTO PUBLICO
No al proceso de Bolonia. Por la desefensa de la Universidad Pública.

Intervienen:

FRANCESC MATAS (miembro de la CE de EUiA)
JUAN FRANCISCO ARENAS DE SORIA (Coordinados del Area de Eduación de IULV-CA)
JESUS DE MANUEL (Profesor de la F. Traductores UGR)
ANABEL GARCIA SAUCEDO (Area de Juventud de IU y de UJCE Granada

MARTES, 26 DE MAYO A LAS 19 HORAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA. GRANADA

     Aunque la polémica sobre el “proceso de Bolonia” ha saltado a la luz este curso, hace años que la comunidad universitaria se está movilizando, en las aulas y en las calles, para frenar su aplicación. Esto ha sido provocado en gran medida por la ausencia de un debate participativo y en profundidad sobre las reformas universitarias en marcha, que condicionarán el futuro de la Universidad y tendrán importantes repercusiones sociales.

     Hay que denunciar la escasa información que proporciona el Gobierno y su renuncia a organizar un amplio debate. Espero que el nuevo ministro de Educación y Universidades, Ángel Gabilondo, abra cuanto antes el diálogo con la comunidad universitaria y, especialmente, con los estudiantes.

     Sin renunciar a cuanto pueda contribuir a la mejora de la docencia y la investigación universitarias, así como a la eliminación de las barreras clasistas para acceder y completar estos estudios, la situación actual nos lleva a reclamar que se detenga la implantación de nuevos planes de estudio hasta que una verdadera discusión pública entre todos los componentes de la Universidad permita esclarecer su sentido general y su contenido preciso, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

       La puesta en marcha de titulaciones adaptadas a dicho Espacio se presenta como un requisito para facilitar la movilidad de los distintos sectores universitarios (estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios) y la de los futuros titulados, en el marco del libre mercado europeo. Pero el proceso se realiza sin dotación presupuestaria adecuada y en condiciones de recorte del gasto público. Eso supone una amenaza para la calidad de las titulaciones, una insuficiencia clara de becas y peores condiciones de los préstamos para financiar unos masters carísimos.

         Esta precariedad financiera abrirá las puertas a la financiación privada del sistema público universitario, como se plantea explícitamente en la ‘Estrategia Universidad 2015’ , presentada a bombo y platillo por el anterior equipo ministerial como su gran apuesta para lograr la “modernización” de nuestras universidades en aras de una mayor competitividad de la economía. Eso pone en peligro la esencia de la institución universitaria, que ha de ser concebida como servicio público y no como un negocio más para banqueros y empresarios.

          En IU creemos que ha llegado la hora de plantearse decididamente qué hacer frente a Bolonia. Proponemos que se tomen medidas como las siguientes:

      Póngase en práctica lo que acordaron en Praga, en 2001, los mismísimos ministros de educación europeos al declarar que “los estudiantes deberían participar e influenciar en la organización y contenido de la educación en las universidades”. Sólo con la participación y un amplio debate entre estudiantes, profesorado y el conjunto de la sociedad, a través de sus representantes, podrá hacerse una reforma democrática de la Universidad. Y para hacerlo viable es imprescindible paralizar la reforma de los planes de estudio y suspender la fecha límite de 2010 como inicio de la extinción de los planes pre-Bolonia.

        En segundo lugar, hágase realidad lo que también acordaron los ministros de educación en Bergen, en 2005, sobre la llamada ‘dimensión social del Proceso de Bolonia’, entendida como “la necesidad de establecer las condiciones para que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico”. Esto exige llegar al 2% del PIB para la financiación universitaria, luchar contra el fracaso escolar como un objetivo central, trabajar por la gratuidad de todos los estudios superiores y generalizar un sistema de becas-salario. A su vez, esto implica descartar la subida de tasas, impedir que los masters tengan elevados precios y rechazar los falsos préstamos-renta que hipotecan al estudiantado.

        En tercer lugar, y para hacer efectiva "una educación superior centrada en los estudiantes", como promulgaron en Londres, en 2007, los susodichos ministros, póngase en marcha una auténtica renovación pedagógica que propicie un aprendizaje más activo, una relación más cercana estudiante-profesor, con grupos más pequeños y una docencia más tutorizada.

        En cuarto lugar, hay que abandonar el objetivo de “incrementar la competitividad del sistema europeo de educación superior”, declarado en Bolonia, en 1999, dando pie a un proceso de mercantilización y privatización de la Universidad, no a su reforma democrática. Los servicios educativos no deben tratarse como una mercancía y la mejora de su calidad no pasa por la ‘competitividad’ entre las universidades de España, de Europa o del resto de mundo, sino por la cooperación entre ellas.

            Ha sido un mérito del movimiento estudiantil forzar a diversos actores a pronunciarse en contra de la mercantilización de la Universidad Pública, alertando de mil maneras de la subordinación al mercado que está implícita en el objetivo de la ‘competitividad’.

         Por último, la necesidad de una formación universitaria que también prepare para el ejercicio profesional no debe servir de excusa para supeditarla a las necesidades del mercado en nombre de la llamada ‘empleabilidad’, sino que debe orientarse a formar personas críticas y altamente cualificadas, con capacidad investigadora e innovadora, que contribuyan a la creación cultural y a un desarrollo social y ecológicamente sostenible.

              Hay que dar un giro de 180 grados a la política universitaria de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, plasmada en su ‘Estrategia Universidad 2015’ , y trabajar de forma efectiva por una Universidad Pública de calidad, gratuita, democrática y al servicio de la sociedad.

       El 23 de mayo en Madrid, se celebraron las jornadas sobre "El proceso de Bolonia y el futuro de la Universidad Publica. Propuestas desde la Izquierda".  Asistienron participantes desde las diferentes zonas del Estado para debatir y reflexionar sobre las propuestas que hay sobre la mesa: desde Bolonia, pasando por la propuesta "Universidad 2015" de la ex-Ministra Garmendia y la Ley de la Ciencia.  Igualmente asistieron representantes de diferentes organizaciones implicadas en el porceso: Sindicato de Estudiantes, CC.OO, STERM, Jóvenes de IU, Asamblea de PDI-PAS, profesorado de diferentes universidades (Complutense, León, Alicante...).

    Las posturas convergían claramente en la necesidad  de una moratoria que paralice la aplicación de la legislación que impondrá el cambio en la universidad y sus planes de estudio. La defensa de la Universidad Pública se convirtió en el eje centra, junto con otros debates paralelos como el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la privatización del conocimiento... Las jornadas fueron cerradas por nuestro candidato al Parlamento Europeo Willy Meyer.

GRANADA LAICA

CONVOCATORIA  MAYO   2009
 
DIA: JUEVES, 7 de MAYO 
 
HORA: De 18 a 20 horas
 
LUGAR: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Aula  Seminario II 2ª planta
 
ORDEN DEL DÍA:
Lectura del acta anterior

TEMA DE DEBATE: Ley de Libertad de Conciencia presentada por Europa Laica

CAMPAÑAS: Campaña IRPF Camisetas, Día Nueva Ciudadanía, Cancelación de datos y apostasía…

Actividades para el Día del Laicismo, 2009

Propuestas, ruegos y preguntas